Inspector General
¿Debería la Ciudad enmendar la Carta Constitucional para crear el nuevo puesto de Inspector General en la Oficina del Contralor para revisar e investigar denuncias de fraude, despilfarro y abuso, y otorgar a la Oficina del Contralor poderes adicionales para emitir citaciones y ejecutar órdenes de registro cuando la ley del Estado lo permita?
Esta iniciativa de ley requiere 50%+1 de votos afirmativos para ser aprobada.
Resumen del Comité de Simplificación de la Boleta
Cómo es en la actualidad:
El Contralor es designado por el Alcalde y confirmado por el Consejo de Supervisores para supervisar los asuntos financieros de la Ciudad. La Carta Constitucional exige que el Contralor reciba e investigue denuncias con respecto a la calidad y la prestación de servicios del gobierno, prácticas derrochadoras o ineficientes del gobierno de la Ciudad, uso indebido de los fondos de la Ciudad y actividades indebidas de funcionarios y empleados de la Ciudad. La Carta Constitucional también exige que el Contralor supervise el nivel y la eficacia de los servicios que la Ciudad ofrece a sus habitantes.
Otros departamentos de la Ciudad, incluyendo el Abogado de la Ciudad, el Fiscal de Distrito y la Comisión de Ética, tienen jurisdicción para investigar fraude, abuso y otros temas relacionados con la integridad pública. El Departamento de Recursos Humanos tiene jurisdicción para investigar el comportamiento indebido de los empleados.
El Contralor puede examinar los expedientes de los consejos, comisiones, funcionarios y departamentos de la Ciudad, pero no puede emitir citaciones para exigir que terceras personas como contratistas de la Ciudad, entidades a quienes se les otorgó un permiso o cabilderos entreguen documentos. La ley del Estado autoriza a los empleados de la Oficina del Contralor a ejecutar órdenes de cateo bajo ciertas circunstancias, pero no hay una disposición similar en la Carta Constitucional.
La Carta Constitucional también establece un departamento independiente llamado Oficina del Inspector General del Departamento del Alguacil para investigar denuncias
relacionadas con empleados de la Oficina del Alguacil. Ese departamento no tiene conexión con la Oficina del Contralor.
La Propuesta:
La Propuesta C enmendaría la Carta Constitucional para crear un nuevo puesto de Inspector General, que forme parte de la Oficina del Contralor, para examinar e investigar denuncias de fraude, despilfarro y abuso. El Contralor nombraría al Inspector General, sujeto a la aprobación del Alcalde y el Consejo de Supervisores. El Contralor supervisaría y podría destituir al Inspector General.
El Inspector General consultaría con la Comisión de Ética, el Abogado de la Ciudad, el Fiscal de Distrito y el Departamento de Recursos Humanos sobre las investigaciones que esos departamentos realicen en torno a fraudes, despilfarros o abusos. El Inspector General podría derivar asuntos específicos a esos departamentos, investigar esos asuntos en coordinación con el departamento pertinente o podría realizar su propia investigación. Por lo menos dos veces al año, el Inspector General tendría que emitir informes públicos sobre sus actividades y los resultados de todas las investigaciones de otras agencias de la ciudad con respecto a asuntos relacionados con la integridad pública.
La Propuesta C otorgaría al Contralor la autoridad de emitir citaciones a terceras personas, incluidos contratistas, entidades a quienes se les otorgó un permiso y cabilderos. También permitiría que el Inspector General, el Contralor y los empleados de la Oficina del Contralor ejecuten órdenes de cateo cuando la ley del Estado lo permita.
De conformidad con la Propuesta C, la Oficina del Inspector General del Departamento del Alguacil cambiaría de nombre a “Inspector General de la Oficina del Alguacil”.
Un voto "SÍ" significa: si vota “sí”, usted quiere crear el nuevo puesto de Inspector General en la Oficina del Contralor para revisar e investigar denuncias de fraude, despilfarro y abuso, y otorgar a la Oficina del Contralor la autoridad de emitir citaciones y ejecutar órdenes de cateo cuando la ley del Estado lo permita.
Un voto "NO" significa: si vota “no”, usted no quiere hacer estos cambios.
Declaración del Contralor sobre la Propuesta "C"
El Contralor de la Ciudad Greg Wagner ha emitido la siguiente declaración sobre el impacto fiscal de la Propuesta C:
Si la enmienda propuesta a la Carta Constitucional fuera aprobada por los electores, en mi opinión, tendría un impacto moderado en el costo de gobierno que oscila entre $725,000 y $775,000 al año; a eso habría que agregar apoyo legal para investigaciones, lo cual probablemente varíe de año a año dependiendo de la necesidad.
La enmienda propuesta a la Carta Constitucional establecería el puesto de Inspector General como parte de la Oficina del Contralor y ampliaría los poderes de investigación del Contralor. Las funciones del Inspector General se financiarían mediante el fondo de reserva existente del Auditor de Servicios de la Ciudad, exigido por la Carta Constitucional, el cual consiste en dos décimas del uno por ciento del presupuesto general de la Ciudad. Al derivar los fondos existentes a las nuevas funciones del Inspector General, la enmienda podría reducir recursos que de otra manera estarían disponibles para actividades alternativas por parte del Auditor de Servicios de la Ciudad para supervisar el nivel y la eficacia de los servicios de la Ciudad.
La enmienda también amplía la autoridad del Contralor para citar testigos, exigir la entrega de evidencia y ejecutar órdenes de cateo cuando la ley del Estado lo permita. También amplía el alcance de las denuncias de informantes internos que el Contralor puede recibir para incluir a aquellas personas o entidades que hacen negocios con la Ciudad.
La enmienda propuesta costaría aproximadamente de $725,000 a $775,000 al año para un Inspector General y dos puestos de personal dentro del Auditor de Servicios de la Ciudad. Además, el costo por única vez de establecer una oficina podría costar entre $125,000 y $175,000 aproximadamente. Este costo no incluye el costo por la emisión de órdenes de cateo y citaciones. Como contexto, la ejecución de una citación puede costar entre $1,000 y $20,000 por citación dependiendo de si se necesita litigar para hacer cumplir la citación. Preparar una orden de cateo puede costar entre $9,000 y $20,000 por orden de cateo. Si la enmienda propuesta resulta en un mayor número de denuncias de informantes internos, el costo de gobierno también podría aumentar, aunque a un nivel que no se puede determinar en este momento.
Tenga en cuenta que la enmienda propuesta cambiaría los deberes de la Oficina del Contralor, la cual ha preparado esta declaración.
Cómo se incluyó la Propuesta "C" en la boleta
El 23 de julio de 2024, el Consejo de Supervisores votó 11 a 0 para incluir la Propuesta C en la boleta. Los Supervisores votaron de la siguiente manera:
Sí: Chan, Dorsey, Engardio, Mandelman, Melgar, Peskin, Preston, Ronen, Safai, Stefani, Walton.
No: Ninguno.
La declaración anterior es un análisis imparcial de esta iniciativa de ley. Los argumentos a favor y en contra de esta iniciativa de ley se presentan a continuación. El texto completo en inglés se puede encontrar en Texto Legal. Ciertas palabras utilizadas en el resumen se explican en Palabras que debe saber.
Los argumentos son las opiniones de sus autores y ninguna agencia oficial ha verificado su exactitud. Los argumentos se imprimen tal y como se presentaron. No se han corregido los errores de ortografía ni gramática de la versión en inglés.
Proponent’s Argument in Favor of Proposition C
Por un gobierno eficaz y responsable, vote Sí a la Propuesta C
Las últimas décadas, el FBI ha dirigido el proceso de poner al descubierto la corrupción de San Francisco, lo que llevó a más de dos docenas de arrestos, acusaciones formales y condenas de jefes de departamentos, funcionarios electos, líderes de organizaciones sin fines de lucro y cabilderos corporativos. Sin embargo, puede que esto sea solo la punta del iceberg.
Para crear un gobierno más eficaz y responsable, los electores pueden aprobar la Enmienda a la Carta Constitucional para Inspector General. Esto establecerá nuestro propio Inspector General con la autoridad de investigar e impartir justicia en denuncias de despilfarro, fraude y abuso.
Y, debido a que será parte de la Oficina del Contralor, no se necesitarán nuevos impuestos para financiar la Oficina.
Facultades del Inspector General
- Integrado en la Oficina del Contralor, la cual administra las finanzas del gobierno de la ciudad
- Encargado de investigar despilfarros, fraudes y abusos y cualquier otro asunto relacionado con la integridad pública
- Con la autoridad para emitir citaciones para que se presenten todo tipo de documentos de la ciudad, así como para citar a terceras personas, incluidos contratistas, entidades a quienes se les otorgó un permiso y cabilderos
- En coordinación con agencias existentes encargadas del cumplimiento de reglamentos, incluidos el Fiscal de Distrito, el Abogado de la Ciudad y la Comisión de Ética
Investigaciones que el Inspector General realizará:
- Uso indebido de fondos de los contribuyentes por parte de funcionarios de la ciudad, organizaciones sin fines de lucro financiadas por la ciudad y terceras personas
- Favoritismo político a los que pagan por participar en el que los funcionarios electos otorgan beneficios ilegales a los grandes donantes de campaña
- Intimidación y represalias políticas que impiden que la corrupción salga a la luz
- Violaciones de integridad pública en todo nivel de gobierno desde abajo hasta arriba
San Francisco tiene la oportunidad de sumarse a otras grandes ciudades estadounidenses que tienen un Inspector General. Si tomamos en cuenta los arrestos de los últimos años, necesitamos uno.
Únase a nosotros y vote Sí a la Propuesta C.
Presidente del Consejo de Supervisores Aaron Peskin
Supervisora Connie Chan
Supervisora Catherine Stefani
Supervisor Joel Engardio
Supervisor Dean Preston
Supervisor Matt Dorsey
Supervisora Myrna Melgar
Supervisor Rafael Mandelman
Supervisora Hillary Ronen
Supervisor Shamann Walton
Supervisor Ahsha Safai
Rebuttal to Proponent’s Argument in Favor of Proposition C
El Consejo de Supervisores dice que la Propuesta C limpiará el Ayuntamiento.
No se deje engañar. La Propuesta C incrementa la burocracia desenfrenada que no ve una simple verdad: el pescado siempre se pudre por la cabeza.
Un “Inspector General” no trae rendición de cuentas. La Propuesta C otorga poder que no tiene que responder a los electores. Va en contra de la democracia y es incluso peligroso.
¡Los ciudadanos de San Francisco quieren que los funcionarios de mayor jerarquía en el gobierno asuman la responsabilidad! La Alcaldesa London Breed, la Fiscal de Distrito Brooke Jenkins y el Abogado de la Ciudad David Chiu, o mejor aun, nuevos líderes este noviembre.
¿Por qué los supervisores no están reclamando que la Alcaldesa, la Fiscal de Distrito y el Abogado de la Ciudad no han hecho cumplir los reglamentos? No se olvide, el año pasado pudimos haber votado para que no sigan en sus cargos, ¡pero los Supervisores cancelaron las elecciones!
La Propuesta C costará por lo menos $750,000 al año, un millón con costos legales y para el cumplimiento. Esto implica que la ciudad tendrá menos servicios vitales.
Vote NO a la Propuesta C.
Exija que nuestros líderes asuman la responsabilidad personal por la integridad de nuestra ciudad.
Larry Marso, Abogado
Opponent's Argument Against Proposition C
La Propuesta C es un acaparamiento de poder disfrazado de reforma. La enmienda a la Carta Constitucional establece la creación de un puesto de Inspector General no elegido por votación en la Oficina del Contralor para “investigar la corrupción”. Pero seamos claros: esto es más burocracia.
San Francisco no necesita funcionarios no elegidos por votación que tengan poderes ilimitados. Necesitamos que los líderes que ya tenemos rindan cuentas: la Alcaldesa London Breed, la Fiscal de Distrito Brooke Jenkins y el Abogado de la Ciudad David Chiu—o reemplazantes elegidos democráticamente—no una figura decorativa que no responde ante los electores.
Lamentablemente, bajo el liderazgo actual, hemos necesitado al FBI. Por lo tanto, ¡vote para que se vayan!
¿Por qué confiar en que un nuevo funcionario resolverá nuestros problemas? San Francisco tiene un largo historial de escándalos de corrupción, otro burócrata no arreglará eso. Lo que se necesitan son caras nuevas en cargos elegidos por votación, transparencia y rendición de cuentas.
Ya hemos visto estas “reformas” anteriormente. Prometen limpiar el Ayuntamiento, pero los problemas empeoran. Esto es más de lo mismo: una distracción de la verdadera labor de hacer que los servidores civiles rindan cuentas.
Vote NO a la Propuesta C.
Larry Marso
El Sr. Marso es un ejecutivo en tecnología, asesor de M&A y abogado. Es un firme defensor de la responsabilidad fiscal. Fue autor de una iniciativa de ley en la boleta para regular los centros de navegación y vinculación de San Francisco. Ha luchado contra la corrupción y el fraude en los partidos políticos y organizaciones sin fines de lucro. Como miembro y exejecutivo del comité local del Partido Republicano, ha presentado una oposición con principios.
¡Paren el gran fraude a los electores de San Francisco! visite: https://bigfraud.com
Larry S. Marso
Rebuttal to Opponent’s Argument Against Proposition C
Votar Sí a la Propuesta C da a San Francisco la oportunidad de sumarse a otras grandes ciudades de Estados Unidos, como Nueva York y Chicago, que han establecido con éxito un Inspector General. Si tomamos en cuenta la corrupción durante las últimas décadas, necesitamos uno.
Estos son algunos de los beneficios de un Inspector General que los oponentes ignoran:
Independencia política: al colocar al Inspector General en la Oficina del Contralor, está protegido de la interferencia política que podrían tratar de ejercer aquellos con poder político y que estén siendo investigados.
Responsabilidad fiscal: votar sí a la Propuesta C proporciona dinero para el puesto de Inspector General de un fondo reservado para el Contralor, lo que significa que no se necesita presupuestar fondos adicionales para este cargo.
Poder para combatir el fraude, el despilfarro y la corrupción: la Oficina del Contralor actualmente realiza auditorías y contesta la línea directa de denunciantes internos. Se facultará al Inspector General para que pueda emitir citaciones para que se presenten documentos de contratistas, organizaciones sin fines de lucro y terceras personas que hacen negocios con la ciudad.
Si está cansado de oír sobre nuevos escándalos relacionados con el uso indebido de los fondos de los contribuyentes, el favoritismo político a los que pagan por participar, la intimidación y las represalias políticas, y las violaciones de la integridad pública, ahora es su oportunidad de actuar.
Vote Sí a la Propuesta C para dar a San Francisco la herramienta que muchas otras grandes ciudades tienen para crear un gobierno más eficaz y responsable.
Únase a nosotros y vote Sí a la Propuesta C.
Presidente del Consejo de Supervisores Aaron Peskin
Supervisora Connie Chan
Supervisora Catherine Stefani
Supervisor Joel Engardio
Supervisor Dean Preston
Supervisor Matt Dorsey
Supervisora Myrna Melgar
Supervisor Rafael Mandelman
Supervisora Hillary Ronen
Supervisor Shamann Walton
Supervisor Ahsha Safai
Paid Arguments in Favor of Proposition C
1
Argumento pagado A FAVOR de la Propuesta C
Propuesta C: ¡ELIMINAR LA CORRUPCIÓN!
Desde 1999, más de dos docenas de empleados de la Ciudad de San Francisco, funcionarios y contratistas han sido arrestados y acusados criminalmente por corrupción en los asuntos de la Ciudad o por aceptar sobornos, ¡incluidos dos jefes de departamentos encargados de Obras Públicas y Servicios Públicos!
Esta cultura de corrupción en nuestro Ayuntamiento solo se ha expuesto gracias a los fiscales federales.
¿Por qué es esto?
Porque San Francisco es una de las pocas ciudades estadounidenses importantes sin un Inspector General dedicado a investigar actividades cuestionables en la Ciudad y erradicar la corrupción cívica. ¡Asegurémonos de que esto finalmente se haga a partir de ahora!
¡SÍ A LA PROPUESTA C, LIMPIEMOS EL AYUNTAMIENTO DE UNA VEZ POR TODAS!
Build Affordable Faster California
John Elberling
Peter Stevens
La(s) fuente(s) verdadera(s) de los fondos destinados a cubrir el costo de la impresión de este argumento: Tenants and Owners Development Corporation.
2
Sí a la Propuesta C para un gobierno de San Francisco en el que puedas confiar
Serví como Contralor de la Ciudad durante diecisiete años. Durante ese tiempo creamos la división de Auditoría de Servicios de la Ciudad y comenzamos la línea directa para denunciantes de la Ciudad. Pero esos tipos de controles no han sido suficientes para detener el reciente fraude descubierto por el FBI y el Fiscal Federal. La Propuesta C daría al Contralor un Inspector General con la autoridad para encontrar y erradicar la corrupción en el gobierno de la Ciudad y con las personas que hacen negocios con la Ciudad. Al colocarlo en la Oficina del Contralor independiente, se protege de la interferencia política. También proporciona fondos para este trabajo a partir de un fondo reservado para el Contralor, lo que significa que no se necesitarán fondos adicionales presupuestados para este esfuerzo. Les pido su apoyo.
Vote Sí a la Propuesta C
Ed Harrington, Ex Contralor de la Ciudad
La(s) fuente(s) verdadera(s) de los fondos destinados a cubrir el costo de la impresión de este argumento: Real Reform, Sí en C, No en D, Sí en E, una coalición de pequeñas empresas, vecinos y Aaron Peskin.
Los tres mayores donantes al comité receptor de la fuente verdadera de los fondos: 1. Douglas Engmann, 2. Robert Anderson, 3. Christin Evans.
3
Sí a la Propuesta C para combatir la corrupción
Establecer un Inspector General es esencial para erradicar la corrupción y restaurar la confianza pública en el Ayuntamiento. Hasta ahora, el FBI ha descubierto y arrestado a docenas de funcionarios electos, jefes de departamentos, contratistas y organizaciones sin fines de lucro. La Propuesta C creará un Inspector General con la autoridad para investigar despilfarros, fraude y abuso, y desmantelar los sistemas arraigados de favoritismo e intimidación.
Los habitantes de San Francisco tienen la oportunidad de dar un paso decisivo para limpiar nuestro gobierno y crear uno que sea transparente, responsable y que realmente sirva al pueblo de San Francisco. ¡Vote Sí a la Propuesta C!
Asambleísta Phil Ting
Ex Alcalde Art Agnos
Ex Senador Estatal Mark Leno
Ex Asambleísta Tom Ammiano
Bruce Wolfe, Miembro del Comité de Tareas Sunshine*
Ex Presidente, Comisionado de Ética Paul Melbostad
*Únicamente con fines de identificación; el autor firma a título personal y no en nombre de una organización.
La(s) fuente(s) verdadera(s) de los fondos destinados a cubrir el costo de la impresión de este argumento: Real Reform, Sí en C, No en D, Sí en E, una coalición de pequeñas empresas, vecinos y Aaron Peskin.
Los tres mayores donantes al comité receptor de la fuente verdadera de los fondos: 1. Douglas Engmann, 2. Robert Anderson, 3. Christin Evans.
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Vote Sí a la Propuesta C, la opción inteligente para asegurar equidad y justicia en el gobierno
Ubicado dentro de la Oficina del Contralor, el Inspector General coordinará con las agencias de cumplimiento existentes, incluyendo el Fiscal de Distrito, el Abogado de la Ciudad y la Comisión de Ética, para investigar fraude, despilfarro y abuso. Como un vigilante independiente, el Inspector General mantendrá a nuestro gobierno a los más altos estándares de integridad pública y garantizará que nadie esté por encima de la ley. ¡Vote Sí a la Propuesta C!
Jueza Ellen Chaitin (ret)
Jueza Julie Tang (ret)
La(s) fuente(s) verdadera(s) de los fondos destinados a cubrir el costo de la impresión de este argumento: Real Reform, Sí en C, No en D, Sí en E, una coalición de pequeñas empresas, vecinos y Aaron Peskin.
Los tres mayores donantes al comité receptor de la fuente verdadera de los fondos: 1. Douglas Engmann, 2. Robert Anderson, 3. Christin Evans.
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Líderes Demócratas dicen Sí a la Propuesta C
Como una ciudad orgullosamente demócrata en este momento político, hemos visto cómo el comportamiento poco ético y la corrupción pueden erosionar las bases de la democracia. Es más importante que nunca comprometernos con nuestros valores de responsabilidad gubernamental en todos los niveles.
Votar Sí a la Propuesta C para establecer un Inspector General con la autoridad para investigar abuso, despilfarro y fraude protegerá nuestra ciudad de la corrupción y establecerá un ejemplo nacional de nuestros valores en San Francisco. ¡Vote Sí a la Propuesta C!
Ex Alcalde Art Agnos
Ex Asambleísta Tom Ammiano
Director de la Junta de BART Bevan Dufty
Ex Supervisor Norman Yee
Ex Supervisor John Avalos
Ex Supervisora Sophie Maxwell
Ex Supervisora Sandra Fewer
San Francisco Tenants Union
Affordable Housing Alliance
La(s) fuente(s) verdadera(s) de los fondos destinados a cubrir el costo de la impresión de este argumento: Real Reform, Sí en C, No en D, Sí en E, una coalición de pequeñas empresas, vecinos y Aaron Peskin.
Los tres mayores donantes al comité receptor de la fuente verdadera de los fondos: 1. Douglas Engmann, 2. Robert Anderson, 3. Christin Evans.
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Establecer un Inspector General asegurará que el Ayuntamiento sirva a nuestras comunidades con integridad y transparencia. La mala gestión de los fondos de la ciudad y el favoritismo tienen un impacto directo en nuestras organizaciones.
Votar Sí a la Propuesta C establece un proceso claro para investigar la corrupción y restaurar la confianza pública en el gobierno. ¡Vote Sí a la Propuesta C!
Haight Ashbury Neighborhood Council
Coalition for San Francisco Neighbors
Telegraph Hill Dwellers
La(s) fuente(s) verdadera(s) de los fondos destinados a cubrir el costo de la impresión de este argumento: Real Reform, Sí en C, No en D, Sí en E, una coalición de pequeñas empresas, vecinos y Aaron Peskin.
Los tres mayores donantes al comité receptor de la fuente verdadera de los fondos: 1. Douglas Engmann, 2. Robert Anderson, 3. Christin Evans.
Paid Arguments Against Proposition C
1
Todos los poderes otorgados al Inspector General bajo esta propuesta ya existen dentro del gobierno de San Francisco. La Oficina del Contralor incluye un Auditor de Servicios de la Ciudad responsable de auditorías de desempeño, financieras y de cumplimiento. La Junta de Supervisores puede emitir citaciones, el Fiscal de Distrito puede presentar acusaciones criminales, el Abogado de la Ciudad puede presentar demandas civiles, y la Comisión de Ética, el Gran Jurado Civil y más de 100 otras comisiones y comités también poseen poderes de supervisión.
Cada uno de estos ha fallado en reducir significativamente la corrupción porque tienen otras prioridades o, lo que es peor, no son independientes. La Propuesta C replica esta falla fatal, al exigir que el nombramiento del Inspector General sea aprobado por el Alcalde y la Junta de Supervisores — los mismos funcionarios cuyo desempeño debería estar en la cima de cualquier lista de objetivos para una auditoría. Este conflicto de interés socavaría y debería socavar cualquier confianza que los votantes puedan tener en el Inspector General, quien podría convertirse en un simple perro de ataque político para la facción que tenga el control momentáneo en el Ayuntamiento. Los votantes merecen algo mejor: un funcionario de supervisión profesional, empoderado e independiente que rinda cuentas a ellos, no a los políticos, como se describe aquí:
https://www.sfgate.com/politics-op-eds/article/how-to-fix-sf-government-17430726.php.
Vote No a la Propuesta C.
Jay Donde - Presidente, The Briones Society*
*Únicamente con fines de identificación; el autor firma a título personal y no en nombre de una organización.
La(s) fuente(s) verdadera(s) de los fondos destinados a cubrir el costo de la impresión de este argumento: Jay Donde, Bill Jackson, Nicholas Berg.
Legal Text
Describing and setting forth a proposal to the voters at an election to be held on November 5, 2024, to amend the Charter of the City and County of San Francisco to establish the position of Inspector General in the Controller’s Office; to provide that the Inspector General be nominated by the Controller subject to approval by the Board of Supervisors and the Mayor; to authorize the Inspector General to initiate and lead investigations regarding potential violations of laws or policies involving fraud, waste, or abuse; to expand the authority of the Controller’s Office to issue subpoenas; and to authorize the Controller’s Office to execute search warrants to the extent permitted by State law.
Section 1. The Board of Supervisors hereby submits to the qualified voters of the City and County, at an election to be held on November 5, 2024, a proposal to amend the Charter of the City and County by revising Sections 3.105, 4.137, 10.104, F1.106, F1.107, F1.110, and F1.113, and deleting Section F1.114, to read as follows:
NOTE: Unchanged Charter text and uncodified text are in plain font.
Additions are single-underline italics Times New Roman font.
Deletions are strike-through italics Times New Roman font.
Asterisks (* * * *) indicate the omission of unchanged Charter subsections.
SEC. 3.105. CONTROLLER; CITY SERVICES AUDITOR; INSPECTOR GENERAL.
(a) The Mayor shall appoint or reappoint a Controller for a ten-year term, subject to confirmation by the Board of Supervisors. The Controller may only be removed by the Mayor for cause, with the concurrence of the Board of Supervisors by a two-thirds vote.
(b) The Controller shall be responsible for the timely accounting, disbursement, or other disposition of monies of the City and County in accordance with sound financial practices applicable to municipalities and counties. The Controller shall have the power and duties of a County auditor, except as otherwise provided in this Charter. The Controller shall have authority to audit the accounts and operations of all boards, commissions, officers, and departments to evaluate their effectiveness and efficiency. The Controller may require periodic or special reports of departmental operations, contracts, revenues, and expenditures, and shall have access to, and authority to, examine all documents, records, books, and other property of any board, commission, officer, or department. Further, the Controller may subpoena witnesses, administer oaths, and compel the production of books, papers, testimony, and other evidence with respect to matters affecting the conduct of any department or office of the City and County. The preceding sentence authorizes the Controller to compel testimony or production from any person or entity including but not limited to City and County officers and employees; persons or entities that have or are seeking a contract, grant, lease, loan, or other agreement with the City and County, and their employees or officers; applicants for or recipients of permits, licenses, land use entitlements, tax incentives, benefits, or services from the City and County, and their employees or officers; and registered City lobbyists. The Controller and employees of the Controller, including the Inspector General, may seek and execute search warrants to the extent permitted by State law.
(c) The Controller shall also serve as City Services Auditor for the City and County. As City Services Auditor, the Controller shall be responsible for monitoring the level and effectiveness of services rendered by the City to its residents, as set forth in Appendix F to this Charter.
(d) Should the Controller determine at any time during the fiscal year that the revenues of the General Fund, or any special, sequestered, or other fund are insufficient or appear to be insufficient to support the remaining anticipated expenditure from that fund for the fiscal year for any department, function, or program, the Controller shall reduce or reserve all or a portion of the expenditure appropriation until such time as the Controller determines that the anticipated revenues for the remainder of that fiscal year are sufficient to support the level of expenditure anticipated for the remainder of the fiscal year. Whenever the Controller makes a reduction or reservation, the Controller shall so inform the Mayor and Board of Supervisors within 24 hours.
(e) The Controller shall exercise general supervision over the accounts of all officers, commissions, boards, and employees of the City and County charged in any manner with the receipt, collection, or disbursement of City and County funds or other funds, in their capacity as City and County officials or employees. The Controller shall establish accounting records, procedures, and internal controls with respect to all financial transactions of the City and County. Such records, procedures, and controls shall permit the financial statements of the City and County to be prepared in conformity with generally accepted accounting principles applicable to municipalities and counties.
(f) The Controller shall within 150 days of the end of each fiscal year prepare an annual report of the financial condition of the City and County. Such annual report shall be prepared in accordance with generally accepted accounting principles. The annual report shall contain such information and disclosures as shall be necessary to present to the public a full and understandable report of all City and County financial activity.
(g) The Controller shall prepare an impartial financial analysis of each City and County ballot measure which shall include the amount of any increase or decrease in the cost of government of the City and County and its effect upon the cost of government. Such analysis shall be issued in sufficient time to permit inclusion in the voters’ information pamphlet.
(h) The Controller shall issue from time to time such periodic or special financial reports as may be requested by the Mayor or Board of Supervisors.
(i) All disbursements of funds in the custody of the Treasurer must be authorized by the Controller. No officer or employee shall bind the City and County to expend money unless there is a written contract or other instrument and unless the Controller shall certify that sufficient unencumbered balances are available in the proper fund to meet the payments under such contract or other obligation as these become due, or that the Controllerhe or she expects sufficient unencumbered balances to be available in the proper fund during the course of the budgetary cycle to meet the payments as they become due.
(j) The Controller’s Office shall include an Inspector General whose responsibilities shall include reviewing complaints, leading and coordinating investigations, and collaborating with the City Services Auditor on audits, inspections, and monitoring, all with the purpose of preventing and detecting fraud, waste, and abuse.
(1) The Controller shall appoint the Inspector General, subject to approval by the Mayor and confirmation by the Board of Supervisors. The Controller may terminate the Inspector General in the Controller’s discretion. The Inspector General shall be exempt from civil service selection, appointment, and removal procedures.
(2) The Inspector General shall initiate and lead investigations regarding potential violations of laws or policies involving fraud, waste, or abuse. The Inspector General shall coordinate with employees in the Controller’s Office investigating whistleblower and citizen complaints under Section F1.107, and the Controller may assign the Inspector General to supervise those employees and/or employees supporting investigation work in the City Services Audit Unit under Section F1.101.
(3) The Inspector General shall consult regularly, individually or jointly as circumstances warrant, with the Ethics Commission, City Attorney, District Attorney, and/or Department of Human Resources to coordinate the departments’ investigative strategies in matters involving fraud, waste, or abuse to the extent feasible. The Inspector General shall refer investigations that the Inspector General has initiated or complaints that the Inspector General has received to the Ethics Commission, City Attorney, or District Attorney as provided in Section F1.107. After receiving such a referral, the Ethics Commission, City Attorney, and District Attorney shall report quarterly to the Inspector General on the progress of the investigation, and shall report to the Inspector General at the conclusion of the investigation, to the extent providing such reports would not compromise the investigation. These reports shall be considered confidential information to the extent permitted by state law.
(4) The Inspector General may hold public hearings regarding fraud, waste, or abuse.
(5) The Inspector General shall submit a public report at least twice each calendar year to the Mayor and Board of Supervisors regarding the Inspector General’s activities and the outcomes of other City agencies’ public integrity investigations to the extent those activities and outcomes are not confidential under federal, State, or local law. In these reports or at any other time, the Inspector General may make recommendations to the Mayor, Board of Supervisors, and City and County agencies regarding City ordinances, rules, regulations, or policies that impact public integrity in City government.
(6) In carrying out the objectives set forth in this Section 3.105, the Inspector General shall receive prompt and full cooperation and assistance from all departments, officers, and employees of the City and County.
SEC. 4.137. SHERIFF’S DEPARTMENT OVERSIGHT.
* * * *
(b) SDOB Powers and Duties. The SDOB shall:
(1) Appoint, and may remove, the Sheriff’s Inspector General in the Sheriff’s Department Office of Sheriff’s Inspector General (“OSIG”), established in subsection (d).
(2) Evaluate the work of the OSIG, and may review the Sheriff’s Inspector General’s individual work performance.
(3) Compile, evaluate, and recommend law enforcement custodial and patrol best practices.
(4) Conduct community outreach and receive community input regarding SFSD operations and jail conditions, by holding public meetings and soliciting input from persons incarcerated in the City and County.
(5) Prepare and submit a quarterly report to the Sheriff and Board of Supervisors regarding the SDOB evaluations and outreach, and OSIG reports submitted to SDOB.
(6) By March 1 of each year, prepare and present to the Board of Supervisors or a committee designated by the President of the Board, an annual report that includes a summary of SDOB evaluations and outreach, and OSIG reports submitted to SDOB, for the prior calendar year.
(c) In performing its duties, the SDOB may hold hearings, issue subpoenas to witnesses to appear and for the production of evidence, administer oaths, and take testimony.
(d) Establishment of Office of Sheriff’s Inspector General. There is hereby established the Sheriff’s Department Office of Sheriff’s Inspector General (“OSIG”), which shall be a department under the SDOB, and separate from the Sheriff’s Department. The OSIG shall be headed by the Sheriff’s Inspector General, appointed by the SDOB as set forth in subsection (b)(1). The Sheriff’s Inspector General shall be exempt from civil service selection, appointment, and removal procedures.
(e) OSIG Powers and Duties. The OSIG shall:
(1) Receive, review, and investigate complaints against SFSD employees and SFSD contractors; provided, however, that the OSIG shall refer complaints alleging criminal misconduct to the District Attorney, and refer complaints alleging violations of ethics laws to the Ethics Commission.
(2) Investigate the death of any individual in the custody of the SFSD. The OSIG shall refer evidence of criminal misconduct regarding any death in custody to the District Attorney. Notwithstanding such a referral, the OSIG may continue to investigate a death in custody unless OSIG’s investigation will interfere with a criminal investigation conducted by the District Attorney, or any law enforcement agency to which the District Attorney may refer the evidence of criminal misconduct.
(3) Recommend disciplinary action to the Sheriff where, following an investigation pursuant to subsection (e)(1) or (e)(2), the OSIG determines that an employee’s actions or omissions violated law or SFSD policy; provide notice of and a copy of the recommendation, the reasons for the recommendation, and supporting records, to the extent permitted by State or federal law, to the employee; and make available to the public any records and information regarding OSIG’s disciplinary recommendations to the extent permitted by State or federal law.
(4) Develop and recommend to the Sheriff an SFSD use of force policy and a comprehensive internal review process for all use of force and critical incidents.
(5) Prepare and submit a quarterly report to the Sheriff and the SDOB regarding OSIG investigations that includes the number and type of complaints under subsection (e)(1) filed; trend analysis; the outcome of the complaints; any determination that the acts or omissions of an employee or contractor, in connection with the subject matter of a complaint under subsection (e)(1), or a death in custody under subsection (e)(2), violated law or SFSD policy; the OSIG’s recommendations, if any, for discipline; the outcome of any discipline recommendations; and the OSIG’s policy recommendations under subsection (e)(4).
(6) Monitor SFSD operations, including the provision of services to incarcerated individuals, through audits and investigations, to ensure compliance with applicable laws and policies.
(f) In performing its duties, the OSIG may hold hearings, issue subpoenas to witnesses to appear and for the production of evidence, administer oaths, and take testimony. The OSIG also may request and the Sheriff shall require the testimony or attendance of any employee of the SFSD.
(g) Cooperation and Assistance from City Departments. In carrying out their duties, the SDOB and OSIG shall receive prompt and full cooperation and assistance from all City departments, officers, and employees, including the Sheriff and SFSD and its employees, which shall, unless prohibited by State or federal law, promptly produce all records and information requested by the SDOB or OSIG, including but not limited to (1) personnel and disciplinary records of SFSD employees, (2) SFSD criminal investigative files, (3) health information pertaining to incarcerated individuals,; and (4) all records and databases to which the SFSD has access, regardless of whether those records pertain to a particular complaint or incident. The Sheriff also shall, unless prohibited by State or federal law, allow the OSIG unrestricted and unescorted access to all facilities, including the jails. The SDOB and OSIG shall maintain the confidentiality of any records and information it receives or accesses to the extent required by local, State, or federal law governing such records or information.
In carrying out their duties, the SDOB and OSIG shall cooperate and collaborate with organizations that contract with SFSD to provide legal services to incarcerated individuals.
(h) Budget and Staffing. Subject to the fiscal, budgetary, and civil service provisions of the Charter, the OSIG staff shall include no fewer than one investigator for every 100 sworn SFSD employees. No SDOB or OSIG staff, including the Sheriff’s Inspector General, shall have been employed previously by a law enforcement agency or a labor organization representing law enforcement employees.
(i) Nothing in this Section 4.137 shall prohibit, limit, or otherwise restrict the Sheriff or the Sheriff’s designee from investigating the conduct of an employee or contractor of the SFSD, or taking disciplinary or corrective action permitted by City or State law.
(j) Nothing in this Section 4.137, including but not limited to subsections (f) and (g), is intended to or shall be interpreted to abrogate, interfere with, or obstruct the independent and constitutionally and statutorily designated duties of the Sheriff, including the Sheriff’s duty to investigate citizens’ complaints against SFSD personnel and the duty to operate and manage the jails, the California Attorney General’s constitutional and statutory responsibility to oversee the Sheriff, or other applicable State law. In carrying out their duties, the SDOB and OSIG shall cooperate and coordinate with the Sheriff so that the Sheriff, the SDOB, and the OSIG may properly discharge their respective responsibilities.
SEC. 10.104. EXCLUSIONS FROM CIVIL SERVICE APPOINTMENT.
All employees of the City and County shall be appointed through competitive examination unless exempted by this Charter. The following positions shall be exempt from competitive civil service selection, appointment, and removal procedures, and the person serving in the position shall serve at the pleasure of the appointing authority:
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14. The law librarian, assistant law librarians, bookbinder of the Law Library, purchaser, curators, Assistant Sheriff, Deputy Port Director, Chief of the Bureau of Maritime Affairs, Director of Administration and Finance of the Port, Port Sales Manager, Port Traffic Manager, Chief Wharfinger, Port Commercial Property Manager, Actuary of the San Francisco Employee's’ Retirement System, Director of the Zoo, Chief Veterinarian of the Zoo, Director of the Arboretum and Botanical Garden, Director of Employee Relations, Health Service Administrator, Executive Assistant to the Human Services Director, Inspector General in the Controller’s Office, and any other positions designated as exempt under the 1932 Charter, as amended;
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F1.106. OVERSIGHT OF CONTRACTING PROCEDURES.
The Controller shall have the duty to perform regular oversight of the City’s contracting procedures, including developing model criteria and terms for City Requests for Proposals (RFPs), and auditing compliance with City contracting rules and procedures., and, wWhere appropriate, the Inspector General shall investigateing cases of alleged abuse or conflict of interest. Nothing in this Section shall be construed to alter the existing jurisdiction of City departments and agencies with respect to contracting. Should the Controller Inspector General find that there has been an abuse or conflict of interest, he or she the Inspector General shall refer that finding to the Ethics Commission, the District Attorney, and the City Attorney for possible enforcement action. Nothing in this Section F1.106 shall be construed to alter the existing jurisdiction of City departments and agencies with respect to contracting.
F1.107. CITIZENS’ COMPLAINTS; WHISTLEBLOWERS.
(a) The Controller shall have the authority to receive individual complaints concerning the quality and delivery of government services;, wasteful and inefficient City government practices;, misuse of City government funds;, and improper activities by City government officers and employees, by persons or entities that have or are seeking a contract, grant, lease, loan, or other agreement with the City and County, and their employees or officers; by applicants for or recipients of permits, licenses, land use entitlements, tax incentives, benefits, or services from the City and County, and their employees or officers; or by registered City lobbyists. When appropriate, the Controller shall investigate and otherwise attempt to resolve such individual complaints except for those which:
(1) another City agency is required by federal, state, or local law to adjudicate,
(2) may be resolved through a grievance mechanism established by collective bargaining agreement or contract, or
(3) involve allegations of conduct which may constitute a violation of criminal law, or
(4) are subject to an existing, ongoing investigation by the District Attorney, the City Attorney, or the Ethics Commission, where either official or the Commission states in writing that investigation by the Controller would substantially impede or delay his, her, or its their own investigation of the matter.
If the Controller receives a complaint described in items (1), (2), or (3), or (4) of this subsection (a)paragraph, the Controller shall advise the complainant of the appropriate procedure for the resolution of such complaint.
(b) If the Controller receives a complaint alleging conduct that may constitute a violation of criminal law or a governmental ethics law, the Inspector General shall review the complaint and decide whether to initiate an investigation. Thereafter, the Inspector General he or she shall promptly refer the complaints regarding criminal conduct to the District Attorney or other appropriate law enforcement agency and shall refer complaints regarding violations of governmental ethics laws to the Ethics Commission and the City Attorney. After referring a complaint to the District Attorney, Ethics Commission, or City Attorney, the Inspector General may investigate the matter in coordination with the department receiving the complaint. The Inspector General may decline to refer a complaint to the District Attorney, Ethics Commission, or City Attorney if the complaint relates to the conduct of that agency. In that circumstance, the Inspector General may refer the complaint to another City, State, or federal agency with jurisdiction over the matter. Nothing in this Section F1.107 shall preclude the Controller from investigating whether any alleged criminal conduct also violates any civil or administrative law, statute, ordinance, or regulation.
(c) Notwithstanding any provision of this Charter, including, but not limited to Section C3.699-11, or any ordinance or regulation of the City and County of San Francisco, the Controller shall administer a whistleblower and citizen complaint hotline telephone number and website and publicize the hotline and website through press releases, public advertising, and communications to City employees. The Controller shall receive and track calls and emails related to complaints about the quality and delivery of government services, wasteful and inefficient City government practices, misuse of government funds and improper activities by City government officials, employees and contractors and shall route these complaints to the appropriate agency subject to subsection (a) of this Section F1.107. The Board of Supervisors shall enact and maintain an ordinance protecting the confidentiality of whistleblowers, and protecting City officers and employees from retaliation for filing a complaint with, or providing information to, the Controller, Ethics Commission, District Attorney, City Attorney or a City department or commission about improper government activity by City officers and employees. The City may incorporate all whistleblower functions set forth in this Charter or by ordinances into a unified City call center, switchboard, or information number at a later time, provided the supervision of the whistleblower function remains with the Controller and its responsibilities and function continue unabridged.
F1.110. ACCESS TO RECORDS; PRELIMINARY REPORTS.
(a) The Controller shall have timely access to all records and documents the Controller deems necessary to complete the inquiries and reviews required by this Appendix F. If a City officer, employee, agency, department, or commission, or agency does not comply with the Controller's request for such records and documents, the Controller may issue a subpoena consistent with the Controller’s authority under Section 3.105(b). The provisions of this subdivision Section F1.110 shall not apply to those records and documents of City agencies for which a claim of privilege has been properly and appropriately raised, or which are prepared or maintained by the City Attorney, the District Attorney, or the Ethics Commission for use in any investigation authorized by federal, state, law or local law.
(b) Notwithstanding any other provision of this Charter, or any ordinance or regulation of the City and County of San Francisco, and except to the extent required by state or federal law, all drafts, notes, preliminary reports of Controller's benchmark studies, audits, investigations, and other reports shall be confidential.
F1.113. CONTROLLER'S AUDIT FUND.
Notwithstanding any other provision of this Charter, the Mayor and Board of Supervisors shall be required to budget an amount equal to at least two-tenths of one percent (0.2%) of the City's overall budget, apportioned by fund and excluding bond related debt, to implement this Appendix F and to support the staffing and operations of the Inspector Generalprovision. This amount shall be referred to as the Controller's Audit Fund, and shall be used exclusively to implement the duties and requirements of this Appendix F and to support the staffing and operations of the Inspector General, and shall not be used to displace funding for the non-audit related functions of the Controller's Office existing prior to the date this provision is enacted November 4, 2003. If the funds are not expended or encumbered by the end of the fiscal year, the balance in the fund shall revert to the General Fund or the enterprise funds where it originated.
F1.114. OPERATIVE DATE; SEVERABILITY.
(a) This charter amendment shall be operative on July 1, 2004. This amendment shall not affect the term or tenure of the incumbent Controller.
(b) If any section, subsection, provision or part of this charter amendment or its application to any person or circumstances is held to be unconstitutional or invalid, the remainder of the amendment, and the application of such provision to other persons or circumstances, shall not be affected.